Paro testimonial y protesta de los socorristas de las playas de Palma por su precariedad laboral
Salarios brutos de 1.000 euros al mes y diez horas extra mensuales que no cobran
Denuncian que los servicios mínimos impuestos por el Ayuntamiento de Palma impiden la huelga
1.900 euros al mes, el sueldo de los socorristas en Andalucía este verano
En plena temporada turística, los socorristas de las playas de Palma están hoy de huelga en protesta por la precariedad laboral que padecen, con sueldos brutos que no alcanzan los 1.000 euros al mes, falta de personal y deficiencias en el material, tal y como viene denunciando Cristian Melogno, secretario general de la Unión de Socorristas de Mallorca (USM), quien critica que los servicios mínimos impuestos por el Ayuntamiento de Palma obligan a trabajar a prácticamente todos ellos, un total de 17 personas.
«Toda la plantilla está trabajando hoy porque el servicio que da el Ayuntamiento de Palma es de mínimos, no hay nada para recortar en caso de una huelga. Nosotros trabajamos en mínimos y siempre que va la gente a la playa están cuidados y vigilados con lo mínimo indispensable».
El paro que en la práctica, como apunta Melogno, es testimonial afecta a la Playa de Palma, Cala Estancia, Ciudad Jardín, Can Pere Antoni y Cala Mayor y se extenderá a lo largo de toda la jornada, de 10.00 a 19.30 horas.
Los convocantes de la protesta, una sección sindical integrada en el sindicato CGT, lamentan que el concesionario de este servicio, Emergències Setmil, «en connivencia con el Ayuntamiento», no cumple con la ley autonómica de Salvamento y Socorrismo, a la hora de dotar a las playas de suficientes efectivos fuera del horario de servicio e insuficientes socorristas durante el horario de servicio, ni en lo relativo a las distancias en la disposición de las torres de vigilancia (máximo 400 metros entre unas y otras) precarizando una vez más sus condiciones laborales.
Además de criticar que playas tan concurridas como la del Molinar no cuenta con vigilancia, lamentan que la plantilla haga un promedio de 10 horas extras mensuales que no son retribuidas por el concesionario, ante la indiferencia de un Ayuntamiento, que no está interesado en la mejora de las condiciones de estos trabajadores que prestan un servicio esencial.